La reducción de la calificación de la deuda soberana mexicana realizada el jueves por HR Ratings provocó inconformidad tanto en la Secretaría de Hacienda como en el entorno presidencial. En esos espacios se estimaba que no habría cambios en la nota crediticia de México durante el resto del año.
El ajuste ocurrió después de dos semanas en las que el Gobierno sostuvo reuniones con empresarios y difundió anuncios sobre posibles inversiones. Sin embargo, HR Ratings, calificadora mexicana con amplia influencia en los mercados regionales, alertó que la trayectoria de las finanzas públicas no es adecuada.
La agencia señaló que existe un deterioro en los principales balances de las finanzas públicas y también reportó una revisión a la baja en la previsión de crecimiento económico. Su estimación sitúa al PIB en un avance anual de 1.5% durante los próximos años, frente al 2.5% que el país requiere alcanzar.
Entre el viernes y el sábado se produjeron intercambios en la cúpula gubernamental para discutir los ajustes necesarios en el modelo económico. La conclusión, según el texto original, fue volver a plantear una redefinición del respaldo financiero a Pemex y reducir los efectos más adversos de la reforma judicial impulsada por Andrés Manuel López Obrador.
En el sindicato de la petrolera ya conocen el primer punto y, por ello, esta semana advirtieron sobre posibles movilizaciones, al igual que trabajadores del IMSS y el magisterio.
El crecimiento económico se ha convertido en una necesidad para el Gobierno, que busca contener las fuertes presiones de gasto derivadas de transferencias, subsidios, servicios personales y otros conceptos.
En Hacienda sostienen que será imposible llegar a un crecimiento de 2.5% si persiste la incertidumbre que, consideran, generaría la llegada de Lenia Batres a la presidencia de la Suprema Corte el próximo año. La definición de ese puesto corresponderá al oficialismo en San Lázaro.
De acuerdo con la visión atribuida al sector empresarial, el principal problema no radica en las posiciones ideológicas generales de la ministra, sino en un aspecto específico: su intención de revisar asuntos que ya fueron juzgados. Esto, advierten, reduciría las posibilidades de inversión necesarias para impulsar el crecimiento.
En Hacienda existe preocupación por la posibilidad de que en Palacio Nacional se evite un choque con los Batres y que esa cautela termine facilitando la llegada de Lenia Batres a la presidencia del máximo tribunal.
“Tenemos que confiar, hace unas semanas pensábamos que la presidenta, para no pelearse con Adán Augusto, iba a dejar que Andrea Chávez fuera la candidata en Chihuahua”, señalaron personas cercanas a Edgar Amador.
El texto plantea que se requerirá una operación política de alto nivel, pues Batres, además de su aspiración en el Poder Judicial, impulsa a su hermano Martí Batres para organizar un War Room rumbo a 2030.
