Organizaciones representativas del comercio y los servicios digitales solicitaron al coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, instalar una mesa de trabajo para analizar la iniciativa que pretende obligar a las plataformas a mostrar el precio total de productos y servicios desde el inicio de una oferta.
En una carta dirigida al legislador, ocho cámaras y asociaciones —incluida la Asociación Latinoamericana de Internet— señalaron que comparten el objetivo de reforzar la transparencia para los consumidores. Sin embargo, alertaron que la redacción vigente de la propuesta podría generar dificultades para modelos de negocio en los que parte del costo sólo se define durante el proceso de compra.
La iniciativa de Monreal fue presentada el 11 de septiembre en San Lázaro y plantea modificar el artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor para combatir el denominado «goteo de precios» o drip pricing. Esta práctica ocurre cuando el monto anunciado inicialmente se incrementa durante la compra debido a comisiones, impuestos, tarifas u otros cargos.
El proyecto también propone que las plataformas indiquen cuando una oferta o un precio preferencial corresponde a contenido publicitario o promocional.
El principal punto que las plataformas buscan modificar es la obligación de exhibir desde el comienzo un «precio total y definitivo». Las organizaciones, entre las que figura la Asociación Mexicana de Venta Online, consideran que la disposición debe diferenciar entre los cargos que pueden conocerse previamente y aquellos que dependen de datos aún no proporcionados por el consumidor o de variables específicas del servicio.
Entre los firmantes también se encuentran la Asociación Nacional Mexicana de Empresas Courier, Canieti y el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología. Estas agrupaciones advirtieron que exigir un precio definitivo desde el inicio podría llevar a los proveedores a calcular márgenes más elevados para cubrir posibles variaciones de costos.
De acuerdo con su postura, esa previsión podría trasladarse a los precios mostrados de manera general a los consumidores.
Las asociaciones señalaron que una primera revisión de la iniciativa permite identificar disposiciones que podrían tener implicaciones técnicas y operativas relevantes para distintos modelos de negocio y servicios.
Por ello, consideraron necesario contar con un espacio razonable para efectuar un análisis técnico y jurídico de la reforma. También afirmaron estar abiertas a presentar observaciones y propuestas que ayuden a cumplir el objetivo de protección al consumidor, procurando al mismo tiempo una implementación adecuada.
