El terremoto que sacudió a Colombia el lunes dejó un panorama de destrucción, víctimas fatales y temor en distintas regiones del país. Al mismo tiempo, impulsó una amplia movilización solidaria: desde Bogotá y Medellín, así como en las zonas afectadas de Manizales, Cali y Quibdó, en el departamento del Chocó, donde se localizó el epicentro, familias, vecinos y voluntarios reunieron alimentos, bebidas, medicamentos y otros insumos para los damnificados.
En el norte de Bogotá se habilitó con rapidez un centro de acopio para recibir donaciones destinadas a las áreas golpeadas por el desastre. Allí convivían el dolor de quienes tienen familiares y amigos en las regiones afectadas con la decisión de colaborar. Alexandra Varela, oriunda de Zarzal y residente en Bogotá al momento del sismo, relató a LPO que acudió a entregar alimentos y bebidas después del terremoto de magnitud 7.4, ocurrido a las 7:34 del lunes 10 de agosto.
Varela explicó, entre lágrimas, que una amiga murió luego de que su vivienda quedara reducida a escombros. Su madre, que continúa en Zarzal, logró sobrevivir aunque perdió sus pertenencias. “Lo material ya no es importante, lo bueno es que está con vida”, señaló Alexandra, quien pidió que el Gobierno concrete las ayudas y que la población se sume al apoyo a las regiones afectadas.
La respuesta solidaria también provino de personas que experimentaron el temblor lejos de las zonas más devastadas. Javier Sáenz, vecino de Bogotá, se encontraba en su departamento de un sexto piso cuando comenzó el movimiento. “Fue bastante duro. La duración también fue bastante larga, fueron momentos muy complicados”, contó a LPO. A su juicio, la emergencia representa una prueba tanto para la sociedad colombiana como para el nuevo Gobierno, al poner en evidencia la resiliencia del país.
Natalia, nacida en Cali, estaba en Bogotá junto a sus dos hijos cuando se produjo el terremoto. Sus familiares y amigos permanecen en Cali, una de las ciudades con mayores afectaciones. Tras lograr hablar inicialmente con el padre de sus hijos, las comunicaciones comenzaron a colapsar y perdió contacto con parte de su familia. Frente a esa situación, decidió colaborar con los damnificados. “Me di cuenta que necesitaba ayudar y pues nada, vine”, explicó.
Desde Manizales, Adriana Pérez describió el miedo que sintió durante el sismo en esta ciudad del Eje Cafetero, que sufrió daños importantes. “Salimos a la plazoleta y no veíamos más que caer, caer y caer”, relató. Su vivienda no registró daños graves, pero varios edificios cercanos quedaron seriamente afectados y algunos de sus vecinos resultaron heridos.
También en Manizales, María Fernanda de los Ríos y su hermana se levantaron temprano el martes para preparar café y buñuelos destinados a quienes perdieron sus casas. “Estamos apoyando, estamos con el corazón entregado a las personas que perdieron todo”, expresaron. Su objetivo era llevar desayunos a las personas que más lo necesitaban.
La catástrofe se produjo en un contexto político particular, apenas tres días después de la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia. El nuevo mandatario asumió con una agenda enfocada en la seguridad, el ajuste del gasto público y cambios respecto de varias políticas sociales impulsadas por el ex presidente Gustavo Petro. Sin embargo, la emergencia obligó a modificar las prioridades de inmediato y a poner al Estado al frente de una crisis nacional.
De la Espriella declaró la emergencia nacional, lo que llevó al despliegue de rescatistas, militares y funcionarios en las zonas afectadas. La respuesta dejó al descubierto, además, las dificultades de una administración recién iniciada, marcada por la ausencia de un empalme completo con el Gobierno anterior y por la transición en entidades clave para la gestión del riesgo.
Mientras el Ejecutivo busca organizar la respuesta, los gobiernos locales aplicaron medidas excepcionales. En Cali se decretó toque de queda nocturno, se reforzó la presencia de la Policía y el Ejército y se declaró la calamidad pública. La ciudad también activó la alerta roja hospitalaria y suspendió el Festival Petronio Álvarez, que debía comenzar esta semana.
En Pereira también se estableció un toque de queda nocturno, debido al temor por posibles saqueos en diversos sectores. La decisión acompañó el operativo de los organismos de emergencia en una de las zonas más golpeadas por el terremoto.
La crisis, sin embargo, no desplazó la otra prioridad con la que De la Espriella llegó al poder: la lucha contra los grupos armados y el narcotráfico. Mientras los rescatistas intentaban recuperar a personas atrapadas bajo los escombros, las Fuerzas Militares avanzaron con la nueva política de seguridad anunciada por el Presidente, que contempla endurecer la ofensiva contra el ELN, las disidencias de las FARC y otras organizaciones criminales.
Durante las primeras horas del martes, dos aviones de las Fuerzas Armadas colombianas bombardearon un campamento del Frente Nororiental del ELN en una zona rural de Norte de Santander. La operación motivó una alerta de la Defensoría del Pueblo por posibles impactos sobre la población civil.
En los primeros días del nuevo Gobierno, el país quedó marcado por dos escenas simultáneas: militares, policías, bomberos y voluntarios buscando sobrevivientes entre los escombros, mientras las Fuerzas Militares retomaban operaciones contra organizaciones armadas.
La tragedia natural enfrentó al Gobierno a una emergencia de enormes proporciones apenas 72 horas después de asumir. No obstante, también mostró una respuesta que excede a las autoridades: en los centros de acopio, las calles y las regiones afectadas, miles de colombianos comenzaron a aportar lo que tenían a su alcance para ayudar a quienes perdieron todo.
