La resolución de la Corte sobre la presunta doble tributación del IVA en empresas IMMEX, un criterio que lleva varios años en discusión, podría postergarse hasta 2027. La revisión del T-MEC y el riesgo de que un fallo judicial afecte la certeza jurídica y la llegada de inversiones a México son factores que podrían influir en los tiempos.
Aunque se esperaba que el asunto se resolviera este año, el contexto de la revisión del acuerdo comercial y sus posibles efectos sobre la inversión podrían retrasar la decisión del máximo tribunal, señaló Carlos Alberto Burgoa Toledo, especialista de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM.
En entrevista con LPO, el académico afirmó que difícilmente habrá una resolución durante los últimos meses de 2026, debido a la incertidumbre en la relación comercial entre México y Estados Unidos, así como a la necesidad de medir las consecuencias económicas de la determinación.
Burgoa Toledo comparó el escenario con los juegos de mesa: “Cualquier pieza que se mueva y no sea adecuada puede echar todo abajo”.
La prudencia también ha sido mencionada públicamente por el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz. En una entrevista, el ministro presidente reconoció que el tribunal revisa “con pies de plomo” los asuntos de gran impacto, frente a los cuestionamientos sobre un posible daño a la certeza jurídica.
De acuerdo con el especialista de la UNAM, esta situación de incertidumbre mantiene a la Corte parcialmente “anquilosada”. Además, al estar ya en noviembre sin indicios de una resolución, consideró probable que el asunto se discuta hasta 2027, cuando exista mayor claridad sobre el futuro del comercio bilateral con Estados Unidos.
El debate jurídico gira alrededor del pedimento V5, un documento aduanero creado en 2003 para realizar transferencias virtuales. Esta clave se usa en determinadas operaciones de transferencia de mercancías dentro del programa IMMEX y permite documentar movimientos de bienes que permanecen físicamente en México, sin que deban salir del país.
La controversia surgió por la interpretación del SAT sobre el IVA aplicable a estas operaciones. La autoridad fiscal sostuvo que ciertas transferencias constituían una enajenación en territorio nacional y, por ello, debían pagar el impuesto. También cuestionó operaciones en las que identificó retornos simulados.
Esta postura enfrentó al SAT con empresas manufactureras, que argumentaron que el fisco aplicaba una doble tributación efectiva sobre la misma mercancía. El caso más visible es el de Samsung, que enfrenta un reclamo del organismo encabezado por Antonio Martínez Dagnino por más de 6 mil millones de pesos. Su expediente forma parte del litigio que analiza la Corte.
Para Burgoa Toledo, el esquema original contribuyó a atraer inversiones. Por ello, advirtió que un fallo favorable al SAT podría tener efectos de largo plazo sobre la disposición a invertir, en un entorno ya afectado por incertidumbres internas y externas.
“Sí le traería ingresos al fisco, pero, por otro lado, detiene o puede ser un factor que detenga la inversión que genera empleo y desarrollo. Se requiere pensar a futuro”, expresó el experto.
En el mismo sentido, Gabriela Gutiérrez Mora, presidenta nacional del IMEF, dijo a LPO que una resolución favorable al SAT podría aumentar la recaudación federal. Sin embargo, precisó que no necesariamente todo lo recaudado se convertiría en ingreso definitivo, pues, según cada operación, podrían aplicarse mecanismos de acreditamiento o devolución del IVA.
En cambio, una decisión contraria al criterio del SAT contribuiría a disminuir la incertidumbre fiscal que enfrenta actualmente una parte importante de la industria exportadora.
Gutiérrez Mora recordó que la industria IMMEX integra cadenas productivas amplias, en las que participan proveedores nacionales, compañías logísticas y miles de pequeñas y medianas empresas. En consecuencia, una afectación a este sector podría extenderse a otras actividades económicas y al empleo.
“Las empresas necesitan reglas claras para planear sus operaciones, contratar personal, realizar inversiones y establecer compromisos de largo plazo”, señaló.
La presidenta del IMEF consideró fundamental encontrar un equilibrio entre el fortalecimiento de la recaudación y la obligación de brindar seguridad jurídica a las empresas.
