El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes sanciones contra dos empresarios y nueve empresas mexicanas, a quienes atribuye la operación de una red dedicada al robo y contrabando de combustibles que habría financiado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La acción fue acompañada por el bloqueo de cuentas y activos en México por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), como parte de una operación coordinada entre los gobiernos de ambos países.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó en las sanciones a Óscar Guillermo Juraidini Silva y J. Refugio Ruiz Villagomez, así como a nueve compañías vinculadas con actividades de transporte, comercialización, logística e inmobiliarias.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, estas personas y empresas integraban una estructura utilizada para el tráfico transfronterizo de combustibles, la falsificación de documentos aduaneros y la evasión fiscal en México.
Según el Departamento del Tesoro, la red presuntamente generaba para el CJNG decenas de millones de dólares anuales mediante esquemas de huachicol fiscal. Estas prácticas consistirían en importar gasolina, diésel y otros hidrocarburos con documentos falsos o con clasificaciones aduaneras erróneas, con el propósito de eludir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
«Representa una amenaza para las empresas estadounidenses legítimas y el sistema financiero de Estados Unidos», señaló en un comunicado Tommy Pigott, vocero del Departamento de Estado.
Además del congelamiento patrimonial, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió una alerta para que las instituciones financieras refuercen la identificación de operaciones relacionadas con el contrabando de combustibles y el lavado de dinero asociado a organizaciones criminales.
Para Washington, estas actividades se han convertido en una de las principales fuentes de recursos para los cárteles.
Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la UIF colaboró con las autoridades estadounidenses en el desarrollo de la investigación y aplicó el bloqueo de cuentas y otros activos financieros de las personas y empresas señaladas. El objetivo, indicó, es impedir el movimiento de recursos presuntamente relacionados con actividades ilícitas.
En un comunicado conjunto, Hacienda y la UIF afirmaron que las medidas adoptadas por México y Estados Unidos fortalecen la cooperación internacional para evitar el uso indebido del sistema financiero, combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita y debilitar las estructuras económicas que respaldan a organizaciones dedicadas al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos.
