El terremoto de 7,4 grados que sacudió Colombia el pasado lunes volvió a poner en evidencia las profundas dificultades que enfrentan las comunidades del Chocó. El sismo tuvo su epicentro en San José del Palmar, un municipio del interior del departamento cuya compleja geografía ha limitado históricamente la conexión con el resto del país.
En Quibdó, capital departamental situada a orillas del río Atrato, los daños materiales se sumaron a una situación previa marcada por la precariedad en el acceso a servicios básicos, salud, infraestructura y transporte. En este contexto, una emergencia natural puede agravar rápidamente la vulnerabilidad de la población.
Paola y Antony Roldán vivían en el barrio Piñal de Medrano, al sur de Quibdó, cuando ocurrió el terremoto. Ambos lograron salir de la vivienda antes de que colapsara, pero perdieron casi todas sus pertenencias. La única pérdida de un ser vivo fue una de sus mascotas, una perrita que quedó atrapada entre los escombros.
“Hay que hacer algo, no nos podemos quedar aquí esperando, porque no llega la ayuda. Los amigos y los vecinos nos están ayudando. Somos los que estamos acá. El lunes fueron los vecinos y la familia los que nos ayudaron a salir”, relató Paola.
La casa de los hermanos quedó reducida a escombros. Mientras una retroexcavadora retiraba los restos de la construcción, ellos intentaban recuperar lo que fuera posible. “Queremos sacar todos los escombros y después veremos qué hacer. No tenemos planes a futuro”, explicó Antony.
Según indicaron, la respuesta oficial se limitó hasta ahora a un censo realizado por la Gobernación. Aunque existe ayuda humanitaria enviada desde distintas ciudades de Colombia y desde el exterior, aún desconocen si recibirán asistencia. “Vinieron a hacer un censo y nos preguntaron qué necesitábamos. Después no tuvimos más respuesta”, señalaron.
La situación del Chocó, sin embargo, antecede al terremoto. El departamento registra desde hace años algunos de los niveles más altos de pobreza del país y graves problemas de conectividad entre sus municipios. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en 2025 el 65,3% de la población se encontraba en situación de pobreza monetaria, una cifra ampliamente superior al promedio nacional. La pobreza monetaria extrema también se mantiene entre las más elevadas de Colombia.
A esta realidad se agregan los déficits históricos de servicios públicos, atención sanitaria, educación y transporte, especialmente en las áreas rurales y en las comunidades alejadas de las cabeceras municipales. La presencia de ríos, selva y zonas con escaso acceso por carretera obliga a muchas localidades a depender del transporte aéreo o fluvial para conectarse con los principales centros urbanos, lo que dificulta una llegada rápida de ayuda en situaciones de desastre.
Durante un vuelo de la aerolínea estatal SATENA hacia Quibdó, el congresista James Mosquera, representante de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), expuso la relación entre la ausencia estatal, la violencia y las condiciones sociales que atraviesa el departamento.
Las CITREP surgieron a partir del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las FARC, con el objetivo de garantizar representación política a comunidades especialmente afectadas por el conflicto armado. Mosquera asumió su primera curul en 2022 y fue reelegido en las elecciones legislativas de 2026. Estas circunscripciones tendrán vigencia hasta 2030.
El Chocó fue escenario de algunos de los hechos más graves del conflicto armado colombiano. Tras la desmovilización de las FARC, otros grupos ocuparon buena parte de los territorios que habían quedado sin control de esa guerrilla.
“Luego del 2016, con la salida de las FARC, no llegó la presencia del Estado a ocupar esos sitios o esos territorios que habían dejado. Entonces comenzó a acrecentar la presencia del Ejército Gaitanista de Colombia, que en ese momento se llamaba Clan del Golfo. También comenzó a haber más presencia del ELN, que anteriormente eran pocos hombres que estaban en el Chocó y comenzó a llegar delincuencia común, pero también otros actores como los ‘mexicanos’”, afirmó Mosquera.
Para el parlamentario, el problema no se redujo a la salida de las FARC, sino a la falta de una respuesta institucional que llevara servicios, oportunidades económicas e instituciones a esos territorios. “No hubo respuesta en esos años de paz en el departamento de Chocó. No hubo presencia del Estado, no hubo presencia del Gobierno”, sostuvo.
Durante el gobierno de Gustavo Petro se reactivaron diálogos entre el Estado y varios grupos armados, aunque algunas de esas negociaciones fueron suspendidas o no produjeron resultados concretos. Con la llegada del nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, y su propuesta de una política de “mano dura” contra las organizaciones criminales, sectores del Chocó temen una nueva intensificación de la confrontación.
“Lo que nosotros no queremos es perder la esperanza. Hemos sufrido tanto la violencia que no queremos que los avances logrados durante el gobierno de Petro, con la convocatoria a mesas y diálogos de paz con cada uno de los actores armados, sean borrados de un solo tajo por este nuevo gobierno que se inició hace pocos días”, expresó Mosquera.
El temor responde a una experiencia recurrente en varias zonas del departamento: los habitantes quedan atrapados entre los grupos armados y las operaciones de la fuerza pública. Para el congresista, una eventual escalada tendría nuevamente a la población civil como principal afectada.
“La gente en el territorio está temerosa. La gente en el territorio no quiere que haya más enfrentamientos del Estado contra los actores armados, porque por medio está una población civil que siempre está en el desamparo y somos los que sufrimos”, dijo.
Además, Mosquera señaló que la expansión de los grupos armados no puede abordarse solamente con acciones militares. Según planteó, miles de jóvenes sin acceso a educación o empleo quedan expuestos a las economías ilegales. “Los miembros del Ejército Gaitanista son los jóvenes que no tuvieron posibilidades de estudiar, los jóvenes a los que no se les han ofrecido posibilidades de trabajo, los que son obligados o que por sobrevivir se hacen parte de esos actores armados”, afirmó.
Para la población del Chocó, el terremoto se incorpora a una realidad atravesada por inundaciones, violencia, pobreza y aislamiento. La emergencia, advierten sus habitantes, no concluye cuando deja de temblar. “Los muertos siempre los pone el pueblo y eso es lo que no queremos nosotros. Y que, sobre todo, la gente del interior del país entienda que nosotros, en territorios como el departamento del Chocó, además de enfrentar la violencia, tenemos que enfrentar la pobreza, tenemos que enfrentar las inundaciones y ahora el terremoto”, concluyó Mosquera.
