En medio de las controversias entre el oficialismo y la oposición de la Ciudad de México por el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM), el subsecretario de Sedatu, José Alfonso Iracheta Carrol, planteó que el documento pueda ser revisado y modificado para incorporar demandas ciudadanas y de pueblos originarios. En contraste, el PAN mantuvo sus señalamientos sobre posibles afectaciones a la propiedad privada y anunció la presentación de diversos amparos.
Durante una conferencia de prensa, el subsecretario de Ordenamiento Territorial, Urbano y Vivienda afirmó que el programa será revisado para contar con la precisión necesaria y evitar interpretaciones que generen preocupaciones sin fundamento. Explicó que, al concluir la consulta, el documento podría actualizarse y que existe la posibilidad de incorporar cambios conforme avancen las consultas.
Iracheta Carrol también rechazó cancelar las consultas ciudadanas que ya se desarrollan en distintas zonas metropolitanas, como lo solicitó el PAN. A su juicio, suspender este proceso sería contraproducente.
Las discusiones se originaron a partir de reclamos de ciudadanos, organizaciones sociales y grupos campesinos, que advierten sobre un posible incremento de impuestos y nuevas medidas que podrían incidir en el desarrollo urbano. Las protestas se han registrado en las cuatro entidades donde se aplicaría el programa: Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos. La coordinación del proceso está a cargo de la Sedatu, dirigida por Edna Vega, que en los últimos días presentó posicionamientos y propuestas para destrabar el debate en la región más poblada del país.
Este lunes, el grupo parlamentario del PAN en la Ciudad de México reiteró sus críticas a los que considera «vacíos legales» del proyecto y advirtió que podrían convertir las viviendas de la población en «la caja chica del gobierno». La oposición adelantó que solicitará la comparecencia de Edna Vega, exigirá el retiro del documento y, mientras tanto, promoverá recursos de amparo ante la justicia.
La presidenta capitalina del partido, Luisa Gutiérrez Ureña, aseguró que su fuerza política detectó riesgos que afectarían directamente al patrimonio familiar y la propiedad privada. Además, pidió retirar el documento, cancelar la consulta pública y abrir un diálogo con las partes involucradas.
De acuerdo con Acción Nacional, hay nueve aspectos del proyecto que podrían perjudicar la propiedad privada. Entre ellos mencionó un nuevo gravamen sobre predios baldíos o subutilizados, la actualización del valor del predial, la venta forzosa de terrenos y mecanismos de subasta, la recuperación de predios vacantes o abandonados, la zonificación flotante y la fijación de precios máximos y controles de venta en zonas especiales de interés social, entre otros.
El vicecoordinador panista, Diego Garrido, sostuvo que, si se busca evitar un «predialazo» y los nueve riesgos señalados por su partido, la jefa de Gobierno debe retirar el proyecto de forma escrita y formal.
Por su parte, la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, también se mostró abierta a realizar modificaciones. Señaló que su administración enviará a la Sedatu las observaciones surgidas en los últimos días, para que la dependencia federal pueda retomarlas e incorporar cambios o agregados. Además, subrayó que el programa se encuentra en fase de consulta, por lo que pueden aclararse los puntos que generen dudas.
