El secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, informó durante su comparecencia ante el Congreso local que se destinarán 200 millones de pesos a trabajos de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura penitenciaria de la capital.
La inversión forma parte de una estrategia más amplia promovida por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, orientada a mejorar las condiciones de rehabilitación dentro de los centros penitenciarios y reducir la reincidencia delictiva.
La administración capitalina desarrolla un plan de seguridad que busca atender dos objetivos centrales en las cárceles. El primero consiste en romper las dinámicas criminales para impedir que desde los penales continúen cometiéndose delitos, en particular estafas y extorsiones mediante teléfonos celulares. El segundo apunta a terminar con los círculos de violencia y exclusión que dificultan la rehabilitación y, con el tiempo, propician la reincidencia.
Durante su intervención en el Palacio de Donceles, Vázquez Camacho señaló que los recursos servirán para realizar labores de mantenimiento y mejora en los centros penitenciarios. Además, afirmó que el Gobierno continuará reforzando las acciones de seguridad, supervisión y reinserción social.
Según expuso, el objetivo es consolidar un sistema penitenciario con un enfoque sistémico, que garantice condiciones materiales e institucionales, profundice los procesos de reinserción y acompañamiento, e implemente mecanismos adecuados de defensa y debido proceso en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos.
El anuncio ocurre en un contexto de mayor presión sobre los sistemas penitenciarios del país, tras los recientes motines registrados en Sinaloa, que dejaron diez personas muertas, entre ellas un menor de edad que se encontraba de visita.
En ese marco, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, anunció la construcción de seis nuevas cárceles en Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz. El funcionario sostuvo que no se puede permitir la sobrepoblación, tanto por razones de derechos humanos como por los problemas que genera.
Por su parte, Clara Brugada adelantó que su administración busca transformar el sistema penitenciario de la Ciudad de México con un modelo basado en los derechos humanos y la reinserción social. Indicó que los nuevos trabajos comenzarán en el penal de mujeres de Santa Martha Acatitla.
La jefa de Gobierno señaló que el horizonte no debe ser una ciudad con más cárceles, sino con más preparatorias, universidades y escuelas.
A su vez, Pablo Vázquez Camacho aseguró que en ninguno de los centros penitenciarios de la Ciudad de México existe autogobierno, ya que, afirmó, en ellos manda la ley y el Estado ejerce plenamente su autoridad. Reconoció que persisten diversos retos, pero sostuvo que están preparados para transformar el sistema penitenciario capitalino y consolidar el mejor del país.
