En San Lázaro avanza una nueva corrección a la reforma judicial con el objetivo de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal Electoral (TEPJF), el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y el Órgano de Administración Judicial (OAJ) puedan administrar y ejercer sus propios recursos presupuestarios.
La propuesta busca modificar uno de los ejes del modelo aprobado con la reforma al Poder Judicial de 2024. El artículo 100 de la Constitución señala que el OAJ es responsable de la administración del Poder Judicial de la Federación y de elaborar su presupuesto para integrarlo al proyecto de Presupuesto de Egresos.
El Proyecto de Presupuesto para 2027, enviado por la administración de Claudia Sheinbaum, considera una erogación de poco más de 72 mil millones de pesos para la operación del Poder Judicial en su conjunto.
El diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, afirmó que la implementación del nuevo esquema requiere delimitar las atribuciones de cada institución. La intención es que la Corte, el Tribunal Electoral y el Tribunal de Disciplina cuenten con capacidad para realizar contrataciones, responder a sus requerimientos operativos y gestionar sus recursos.
En Palacio Nacional y en el Congreso empieza a perfilarse una revisión de las disposiciones que entraron en vigor con la reforma, aunque todavía falta definir su alcance y los cambios adicionales que podría incluir.
El senador Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara alta, ya había propuesto en septiembre garantizar autonomía presupuestaria a los órganos de dirección del Poder Judicial. El legislador de Morena advirtió que la dependencia del OAJ para administrar y ejercer los recursos podría afectar la independencia de la Corte.
Estos ajustes coinciden con otro asunto que el oficialismo aún no resuelve: la sucesión en la presidencia de la Corte. La reforma de 2024 dejó una contradicción entre los artículos 94 y 97 constitucionales, debido a que uno relaciona la presidencia con la votación obtenida en las urnas, mientras que el otro dispone que la persona titular sea elegida por los propios ministros.
En la Cámara de Diputados se ha planteado la posibilidad de promover una nueva reforma constitucional para resolver esta antinomia, que no fue abordada durante las sesiones extraordinarias de este año, cuando se aprobó una reforma a la reforma del Poder Judicial.
La semana pasada, Corral sostuvo que la contradicción no debe quedar en manos de los ministros de la Corte, sino ser resuelta por el Poder Legislativo mediante una modificación constitucional. Además, propuso que el Senado sea la Cámara de origen de esa iniciativa.
