A menos de una semana de las elecciones presidenciales en Colombia, los principales candidatos enfrentan la incertidumbre sobre la posibilidad de una segunda vuelta. Algunas encuestas muestran una amplia ventaja del senador y candidato oficialista Iván Cepeda, mientras otras anticipan una contienda más ajustada.
En este escenario desarrolla su campaña Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, primera mujer en ejercer ese cargo, exsenadora y excandidata vicepresidencial en 2018. La candidata presidencial, respaldada por un movimiento ciudadano, obtuvo más de 500.000 votos en una primaria de centro.
López se define como una dirigente de centro progresista y socialdemócrata. Defiende las reformas sociales, la igualdad de oportunidades y un Estado eficiente, al tiempo que reivindica la empresa privada y la articulación entre el Estado y el mercado como impulsores del desarrollo.
Según sostuvo, su propuesta busca representar a sectores mayoritarios cansados de la corrupción, que reclaman seguridad como un derecho y cambios concretos sin caos ni improvisación. Para López, ese espacio político no está representado ni por el petrismo ni por el uribismo.
La candidata identificó tres crisis que, a su juicio, se potencian mutuamente: la expansión del crimen organizado, el deterioro de las finanzas públicas y la parálisis financiera del sistema de salud. Afirmó que las organizaciones criminales han ampliado su control territorial mientras el Gobierno negociaba con ellas y les otorgaba estatus político.
También cuestionó el crecimiento del gasto público, la deuda histórica y las dificultades de los ciudadanos para acceder a medicamentos y atención médica oportuna. Como problema de fondo, señaló el centralismo y la corrupción, que, según afirmó, mantienen abandonadas a las regiones.
Sobre el liderazgo del Pacto Histórico en algunos sondeos, López dijo que no le sorprende porque considera legítimo que Colombia quiera continuar con el cambio. Sin embargo, cuestionó que esa transformación se haya dado, según su visión, con corrupción, una política de paz total que fortaleció a grupos criminales y el uso de recursos públicos en campaña.
Frente al oficialismo, planteó que representa una alternativa de cambio desde el centro progresista, con experiencia de gestión, ausencia de escándalos de corrupción y propuestas concretas.
En relación con Bogotá, destacó que durante su administración quedaron en marcha iniciativas como las Manzanas del Cuidado, el Metro y distintas políticas sociales. No obstante, cuestionó a la actual gestión de la ciudad por lo que considera deficiencias en seguridad, movilidad y el avance de proyectos como el Regiotram del Norte, el Regiotram de Occidente y el corredor verde de la Séptima.
En materia de seguridad, López propuso una estrategia basada en la idea de que el crimen organizado transnacional debe ser enfrentado mediante la justicia y no mediante negociaciones políticas. Su plan contempla reorganizar la justicia en tres niveles.
El primero sería una Fiscalía Antimafia dedicada exclusivamente a perseguir las grandes estructuras del narcotráfico y la corrupción, con máximas sanciones y mínimas garantías. El segundo consistiría en fortalecer la justicia ordinaria para enfrentar la delincuencia común y reducir la reincidencia. El tercero sería una justicia restaurativa coordinada con las alcaldías, enfocada en resolver conflictos de convivencia e impedir que jóvenes sean captados por organizaciones criminales.
Además, propuso transformar el INPEC en una gendarmería carcelaria profesionalizada, con el objetivo de que las prisiones aíslen efectivamente a los delincuentes y dejen de funcionar como centros de operación criminal. López aseguró que, en su eventual gobierno, cada delito tendría consecuencias reales.
Sobre Estados Unidos, consideró que la relación del actual Gobierno con ese país ha sido tensa e improvisada. Señaló que buscaría retomarla con responsabilidad y pragmatismo, manteniendo a Estados Unidos como socio estratégico en inversión, comercio y cooperación contra el crimen organizado transnacional.
Respecto de Venezuela, sostuvo que una de las prioridades de los próximos cuatro años sería poner en marcha un Plan Colombia-Venezuela. La iniciativa incluiría energía, infraestructura, logística e inversión productiva para convertir la frontera y la Cuenca Caribe en un corredor de desarrollo, con Estados Unidos como aliado para la inversión y la cooperación técnica.
El objetivo central, explicó, sería crear empleos de calidad en ambos países como alternativa a las economías ilegales presentes a ambos lados de la frontera. También afirmó que Colombia acompañaría los esfuerzos para restablecer la libertad y la democracia en Venezuela.
