La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se construirá un nuevo centro penitenciario en Sinaloa, después de las dos riñas ocurridas en menos de 48 horas en el Centro Penitenciario de El Castillo, en Mazatlán, donde murieron 12 personas. El anuncio se produce en medio de la crisis de seguridad relacionada con la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que, por instrucción de la presidenta, el Gobierno federal cubrirá el financiamiento de un penal moderno y seguro, mientras que el Gobierno estatal proporcionará el terreno. Reportes posteriores al anuncio señalan que el proyecto estaría ubicado en Culiacán, aunque aún no se han informado la inversión requerida, la capacidad prevista ni la fecha de inicio de los trabajos.
Los acontecimientos que dieron origen a esta medida comenzaron el jueves 8 de octubre, cuando un enfrentamiento en el penal de El Castillo dejó nueve personas privadas de la libertad y un niño de dos años sin vida, además de 16 internos lesionados. El menor se encontraba dentro del centro durante una visita familiar. Un día después, otra riña causó la muerte de dos internos más, elevando a 12 el número total de fallecidos.
Luego de los hechos, García Harfuch indicó que la seguridad del penal de Mazatlán fue reforzada con integrantes de la Guardia Nacional y personal del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Mientras la Fiscalía General del Estado realiza las investigaciones, aún debe determinarse cómo se desarrollaron los enfrentamientos y qué circunstancias permitieron el ingreso o la presencia de armas en la prisión.
La violencia en los centros penitenciarios ocurre en un escenario de confrontación entre Los Chapitos y Los Mayos, facciones rivales del Cártel de Sinaloa. La disputa se agudizó desde septiembre de 2024, tras el rompimiento entre grupos históricamente vinculados con Joaquín Guzmán Loera e Ismael Zambada García. Desde entonces, el conflicto ha sido asociado con homicidios, desapariciones y enfrentamientos en diversos municipios, así como con afectaciones a la economía y a la vida cotidiana de la población.
A este panorama de seguridad se añade la situación política del estado. Autoridades de Estados Unidos han señalado al exgobernador Rubén Rocha Moya por presuntos vínculos con el narcotráfico, acusaciones que el exmandatario ha negado. Rocha pidió licencia para separarse del cargo en mayo de 2026 y, tras reincorporarse el 21 de agosto, solicitó otra licencia por tiempo indefinido, la cual fue aprobada por el Congreso de Sinaloa.
El 25 de agosto, el Congreso estatal nombró a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina para concluir el periodo constitucional, que finaliza en octubre de 2027. El cambio se dio en medio de la controversia política y de las indagatorias relacionadas con los señalamientos contra Rocha Moya. Domínguez, integrante de la administración estatal previa, asumió la responsabilidad de mantener la continuidad institucional del Gobierno de Sinaloa.
Aunque la nueva prisión fue presentada como una respuesta a las necesidades del sistema penitenciario, continúan sin definirse su presupuesto, cronograma, capacidad y esquema de operación. También siguen abiertas las investigaciones por las muertes registradas en El Castillo y por la posible relación de las riñas con la disputa criminal que afecta a Sinaloa. La construcción del centro se añade al despliegue de seguridad anunciado tras la violencia en Mazatlán, mientras las autoridades deberán esclarecer las causas y responsabilidades de los hechos.
