Tras las movilizaciones realizadas el año pasado contra el alza de los alquileres y los efectos de la gentrificación, organizaciones sociales de la Ciudad de México siguen de cerca la iniciativa de ley de rentas justas impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Aunque reconocen avances en la propuesta, advierten dificultades relacionadas con su implementación y con la capacidad de sancionar eventuales incumplimientos.
«Es un primer paso, pero hay que pensar cómo se va a implementar y cómo le vamos a dar contenido», señaló a LPO Uriel Martínez, integrante de Comuna Hogar.
El tratamiento legislativo de la iniciativa ha generado expectativas y disputas en la CDMX. Su envío al Palacio de Donceles fue postergado por la realización del Mundial de Fútbol, pero la propuesta fue recibida hace unas semanas y, según fuentes legislativas de Morena, podría aprobarse en diciembre. Para ello, la 4T abrió conversaciones con organizaciones inmobiliarias, el Poder Ejecutivo, sus aliados y la oposición. Sin embargo, las organizaciones sociales consultadas sostienen que todavía no han dialogado con representantes oficialistas sobre el proyecto.
Martínez consideró que la iniciativa es favorable porque representa un avance en el marco normativo de la capital. Destacó que la ley recupera la función social del arrendamiento, al volver a colocar a la vivienda como un derecho y no como una mercancía.
En ese sentido coincidió Eduardo Alanís, del Frente Anti Gentrificación (AFG), quien resaltó los avances vinculados con la función social y cultural del derecho a la vivienda. De acuerdo con las fuentes consultadas, este cambio de enfoque limita la posibilidad de tratar las propiedades únicamente como bienes comerciales, una dinámica que expulsa a familias y personas que no pueden afrontar los precios definidos por el mercado.
Las organizaciones también comparten cuestionamientos sobre la aplicación concreta de las nuevas reglas. La iniciativa será sometida en los próximos días a un parlamento abierto en distintas colonias de la capital, antes de su redacción final, con participación de cámaras empresariales y grupos parlamentarios.
Uno de los puntos planteados es el registro de los contratos, que podrá ser realizado tanto por la persona arrendadora como por la arrendataria para evitar violaciones a la norma. «¿Cómo se va a hacer efectivo? Es positivo que las rentas no puedan subir por encima de la inflación, pero ¿cómo vamos a hacer que esto ocurra?», cuestionó Martínez.
Por su parte, Alanís destacó la creación de la defensoría inquilinaria, un organismo gubernamental regulado por la Secretaría de Gobierno que tendrá como principal función intervenir en la relación entre arrendadores y arrendatarios. Sin embargo, planteó dos observaciones. La primera es el posible «desbordamiento de demandas y reclamos» debido a que una gran cantidad de personas arrendatarias no recibe contratos y enfrenta requisitos que calificó de inverosímiles, lo que abre interrogantes sobre la estructura y el presupuesto de la nueva oficina.
La segunda preocupación es que la defensoría brindará apoyo tanto a propietarios como a inquilinos. Para Alanís, ello podría derivar en el uso de recursos públicos para un desalojo. «Hay una desigualdad estructural porque es juez y parte», afirmó.
Otra crítica se enfoca en los contratos de arrendamiento por un año. Martínez sostuvo que sería preferible incorporar un artículo específico sobre su duración y señaló que, incluso en contratos celebrados entre particulares y el Estado mediante programas especiales, ese plazo es reducido y genera incertidumbre.
Alanís agregó que la iniciativa elimina el artículo 2,448 del Código Civil, que establecía que, al concluir ese período, el contrato podía extenderse por otro lapso similar. «Nos dijeron que fue un error, pero no lo podemos dejar de señalar porque atenta contra la progresividad y no regresividad de los derechos», declaró.
Las organizaciones también piden precisiones sobre el concepto de «mejoras sustanciales», contemplado en la iniciativa para permitir aumentos de renta por encima de la inflación. Según el proyecto, si el arrendador demuestra que realizó un desarrollo en la propiedad, podría elevar el alquiler por sobre el tope previsto. Alanís consideró que esta disposición puede prestarse a la discrecionalidad y generar un vacío que permita a los propietarios eludir la norma.
En las próximas semanas, el oficialismo buscará aprobar la ley de rentas justas para regular un mercado que, según las organizaciones, pone en riesgo el derecho a la vivienda de miles de personas afectadas por aumentos constantes y la expulsión de sus comunidades. Comuna Hogar y el Frente Anti Gentrificación anticiparon que participarán en el parlamento abierto, aunque advirtieron que será apenas un primer paso.
La vivienda, señalaron, también estará vinculada con el Programa General de Desarrollo (PGD) y con otras medidas más estrictas que el Gobierno, por ahora, no pretende implementar. «En el Mundial dijeron que la pelota volvía a casa, pero ¿de qué sirve si no tenemos casa?», concluyó Eduardo Alanís.
