Las movilizaciones de trabajadores del IMSS continúan esta semana en México y podrían sumar a otras organizaciones sindicales. En paralelo, el Congreso mantiene la discusión sobre la Ley de Ingresos 2027, que incorpora una propuesta para fortalecer la vigilancia sobre los recursos administrados por sindicatos y gobiernos estatales y municipales.
El proyecto prevé un programa de verificación y comprobación a cargo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para estas organizaciones. El argumento es que están sujetas a las obligaciones de supervisión fiscal establecidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR).
La iniciativa busca suprimir lo que el Ejecutivo identifica como «privilegios de exclusión y dispensa de obligaciones de ciertos grupos», además de aportar al combate de la corrupción y la impunidad. La propuesta se presenta en un escenario de presiones para las finanzas públicas, en medio de un crecimiento económico débil.
Más allá del objetivo recaudatorio, fuentes gubernamentales consultadas por LPO consideran que la medida representa una señal de presión sobre las dirigencias sindicales. Esto ocurre mientras crece el descontento laboral entre trabajadores del IMSS y organizaciones petroleras, un conflicto que el gobierno enfrenta dificultades para contener.
Los empleados del IMSS comenzaron sus protestas el martes 13 de octubre, con una primera movilización multitudinaria. Para el miércoles 21 de octubre programaron otra marcha para demandar un aumento salarial y la destitución de su dirigente sindical, Rafael Olivos.
A esta protesta se espera que se incorporen trabajadores de Pemex, representados por los sindicatos Petroleros Unidos, la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTYPP), FuJIPE, FraPeJuCo y AIPM México. Estas organizaciones acordaron crear el Frente de Unidad Petrolera, ante los planes de la dirección de Pemex de aplicar ajustes en la plantilla de personal de confianza y en los salarios.
De acuerdo con información confirmada por esta redacción, estos asuntos serán revisados el jueves 22 de octubre durante la junta de consejo.
También hay inconformidad en otros sectores sindicales. Trabajadores de la UNAM y organizaciones magisteriales han manifestado su descontento y han planteado la posibilidad de realizar movilizaciones.
La propuesta fiscal enviada por el Ejecutivo ya fue turnada al Senado. Mientras las protestas alcanzan a distintos sectores laborales, el gobierno busca advertir a las dirigencias sindicales que la movilización podría derivar también en un mayor escrutinio fiscal sobre sus finanzas.
