Tras cada elección en Estados Unidos, desde la frontera surgen dos posturas: la cooperación que promueven los gobiernos y la cautela de los sectores que evalúan sus posibles efectos. La victoria del demócrata Xavier Becerra como próximo gobernador de California plantea ambos escenarios para Baja California: la oportunidad de reforzar los vínculos institucionales y, al mismo tiempo, incertidumbre sobre el comercio, la migración y la relación con Washington.
La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda expresó su disposición a construir puentes con la próxima administración californiana. Durante su conferencia de prensa del miércoles, señaló que mantendrá comunicación permanente con el nuevo gobierno y destacó la importancia de trabajar con respeto, coordinación y metas comunes.
“Tenemos muchos intereses en común”, afirmó al referirse a las comunidades que residen, laboran y cruzan diariamente entre ambos lados de la frontera.
Aunque el mensaje apunta a la continuidad institucional, el cambio de gobierno en California tiene un peso político relevante. Becerra colocó la resistencia a las políticas de Donald Trump entre los ejes de su campaña y ha sostenido que el estado debe funcionar como contrapeso frente a las decisiones de la Casa Blanca, especialmente en asuntos migratorios.
Su experiencia como fiscal general, cargo desde el que defendió las leyes santuario de California ante el gobierno federal, permite anticipar que esa postura podría reflejarse también en la relación entre las autoridades estatales y federales.
Para Baja California, no obstante, el panorama va más allá de los posicionamientos políticos. Las cámaras empresariales y los sectores relacionados con la exportación mantienen una expectativa prudente frente a eventuales decisiones fiscales y regulatorias de la nueva administración.
En este contexto, Sheinbaum evitó celebrar el avance demócrata y señaló que la relación bilateral es con Trump y no con el Capitolio.
Durante la campaña californiana, el costo de vida, la vivienda y los precios de la energía fueron temas prioritarios. Ahora, el sector productivo de la frontera teme que las medidas destinadas a atender esos asuntos puedan elevar costos operativos o afectar la dinámica de manufactura y comercio que sostiene a la región Cali-Baja.
La infraestructura también forma parte de las prioridades. Proyectos como la garita Otay II requieren coordinación e inversión de ambos países, por lo que el sector empresarial espera que el relevo gubernamental no retrase los compromisos para aumentar la capacidad de cruce.
La frontera requiere menos obstáculos y más carriles, ya que cualquier retraso en la logística representa tiempo y costos para quienes dependen diariamente del intercambio entre California y Baja California.
Mientras Marina del Pilar Ávila Olmeda insiste en el respeto y la comunicación, los sectores fronterizos esperan definiciones concretas después del acercamiento inicial entre gobiernos. Becerra llega respaldado por una campaña que prometió confrontar a Trump, pero también con la responsabilidad de gobernar una economía estrechamente vinculada con México.
En una frontera donde el tono político puede variar de un lado al otro, la cooperación se refleja no solo en los discursos, sino en evitar que las diferencias deriven en filas más largas, trámites más costosos o proyectos de infraestructura inconclusos.
