En el Congreso avanzan dos reformas vinculadas con los derechos de autor que la oposición ha cuestionado por posibles riesgos para la libertad de expresión. Aunque ambas han sido señaladas como iniciativas “antimemes”, sus objetivos y alcances son diferentes.
Una de las propuestas modifica las sanciones por piratería y por el uso fraudulento de la identidad gráfica del Gobierno. La otra plantea nuevas obligaciones y criterios de responsabilidad para las plataformas digitales que alojan o transmiten contenidos sin autorización de sus autores.
La primera iniciativa fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum en junio de este año. El Senado la aprobó el 30 de septiembre y remitió la minuta a la Cámara de Diputados, donde será analizada en comisiones.
La reforma propone cambios al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Entre sus medidas se incluye la actualización de las sanciones por comercializar obras sin autorización, falsificar marcas y usar de forma fraudulenta la identidad gráfica de instituciones públicas.
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, confirmó este viernes que la próxima semana, además de continuar las comparecencias por el Segundo Informe de Gobierno, se avanzará en el dictamen de la reforma sobre propiedad intelectual, propiedad industrial, piratería y fraude. “La idea es que el lunes próximo se reúna la comisión para discutir estos instrumentos jurídicos”, señaló.
Uno de los puntos que ha generado mayor polémica es el artículo 403 Bis, que prevé sanciones por utilizar logotipos, dominios electrónicos y documentos oficiales con propósitos de engaño. No obstante, para que la conducta sea considerada delito, debe realizarse a escala comercial, tener como fin engañar sobre el origen oficial de un contenido o servicio y perseguir la comisión de un ilícito.
La segunda reforma, por su parte, modifica la Ley Federal del Derecho de Autor y está enfocada en las plataformas digitales. La propuesta define las circunstancias en las que las empresas proveedoras de servicios de internet pueden ser responsables por infracciones cometidas por sus usuarios.
También establece que las plataformas deberán contar con políticas para atender a quienes infrinjan reiteradamente los derechos de autor. A diferencia de la iniciativa sobre piratería e identidad institucional, esta reforma no busca sancionar directamente a quien emplee una imagen oficial del Gobierno, sino establecer cuándo una plataforma puede responder por contenidos difundidos por terceros.
De acuerdo con los dictámenes aprobados, para atribuir responsabilidad a una plataforma deberá incumplir las condiciones previstas en la ley, haber participado conscientemente en la infracción y obtener un beneficio económico directamente relacionado con ella.
El proyecto contempla multas económicas para las plataformas que incurran en esas conductas, además de sanciones adicionales cuando la infracción persista. La oposición sostiene que estas disposiciones podrían provocar que las empresas retiren contenidos de forma preventiva para evitar castigos, lo que, a su juicio, abriría la puerta a la censura previa.
Las dos iniciativas también se encuentran en etapas legislativas distintas. La reforma sobre piratería y uso de identidad institucional ya fue aprobada por el Senado y está en la Cámara de Diputados. En tanto, la reforma sobre responsabilidad de plataformas fue aprobada por la Cámara baja el 7 de octubre, con 325 votos a favor y 114 en contra, y deberá continuar su proceso legislativo.
