El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar afirmó este viernes que las investigaciones por las presuntas irregularidades registradas durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE) deben avanzar hasta sus últimas consecuencias, con el fin de establecer las responsabilidades administrativas y penales que correspondan.
Durante la comparecencia ante la Cámara de Diputados del maestro Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del Órgano Interno de Control del INE, el legislador sostuvo que Taddei debe enfrentar consecuencias penales. “Guadalupe Taddei debe ir a la cárcel”, declaró, y remarcó que la renuncia de la funcionaria a la Presidencia del organismo no debe cerrar las indagatorias ni impedir que se determinen posibles responsabilidades.
La comparecencia se realizó luego de que Taddei formalizara su renuncia ante la Cámara de Diputados el pasado 26 de octubre, en medio de diversas investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en contrataciones efectuadas por el organismo electoral.
El vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena consideró que la Fiscalía General de la República debe iniciar una investigación de oficio y actuar con prontitud para definir si existieron conductas delictivas. También propuso que, conforme avancen las indagatorias y se emitan las determinaciones de las autoridades competentes, se aseguren bienes y cuentas vinculados con grupos y empresas proveedoras de materiales e insumos electorales que pudieran estar involucrados.
“El país necesita abrir un maxiproceso”, expresó Ramírez Cuéllar. Según planteó, las pesquisas no deberían concentrarse únicamente en personas o sucesos recientes, sino examinar la manera en que se formaron durante años las relaciones entre autoridades electorales, proveedores y contratistas. En ese sentido, pidió que anteriores responsables de los órganos de fiscalización y de control interno proporcionen información para esclarecer los hechos.
El diputado pidió actuar con rigor, rapidez y firmeza, especialmente por la proximidad de las elecciones de 2027, para las que, dijo, faltan 219 días. Añadió que los datos expuestos por el Órgano Interno de Control del INE durante la comparecencia, junto con los informes de la Auditoría Superior de la Federación, aportan elementos para profundizar las investigaciones y obligan a la Cámara de Diputados a reforzar las acciones contra la corrupción y la impunidad.
Ramírez Cuéllar también relacionó los hechos con la necesidad de modificar el marco constitucional sobre responsabilidades de las personas servidoras públicas, eliminar el fuero y corregir lo que calificó como la inoperatividad del juicio político. “Hay que arrancar el problema de raíz”, afirmó.
“Debemos eliminar la inmunidad procesal penal que protege a determinados servidores públicos y fortalecer el juicio político, para evitar que interpretaciones jurisdiccionales o mecanismos procesales obstaculicen injustificadamente la sustanciación de estos procedimientos y la ejecución de las sanciones de destitución e inhabilitación correspondientes”, sostuvo.
Finalmente, el legislador señaló que el esclarecimiento de las presuntas irregularidades debe servir para fortalecer al INE y a los organismos públicos locales electorales ante el proceso electoral de 2027.
“Necesitamos un Instituto Nacional Electoral fuerte, independiente y transparente. Defender al INE también significa investigar a fondo cualquier irregularidad, terminar con la impunidad y garantizar que los recursos públicos destinados a la organización de las elecciones se ejerzan con absoluta legalidad y transparencia”, concluyó.
