El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, reconoció que el operativo policial desplegado durante la manifestación por la calidad del agua del 11 de octubre, realizada frente a Casa Jalisco, presentó «graves deficiencias». Entre ellas, señaló el uso excesivo de la fuerza y detenciones que consideró injustificadas.
«Hubo uso excesivo de la fuerza y hubo detenciones injustificadas», declaró el mandatario estatal en un video difundido a través de sus redes sociales.
La movilización se llevó a cabo el domingo anterior contra la administración local, debido a las deficiencias en el servicio de agua corriente en distintos puntos de Guadalajara. La jornada terminó con escenas de violencia protagonizadas por elementos de seguridad. Lemus afirmó que revisó diversos videos de los hechos y aseguró que no minimizaría ni negaría las denuncias difundidas en redes sociales.
«Antes que gobernador, soy humano. En la vida se debe saber reconocer y corregir», expresó.
El gobernador, integrante de Movimiento Ciudadano, instruyó a la fiscalía estatal a revisar cada caso, los videos y la mayor cantidad de evidencia disponible para evitar arrestos injustificados. Como resultado, el martes fueron liberadas las personas detenidas, quienes estuvieron acompañadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ).
Además, Lemus anticipó sanciones para los agentes que hayan incurrido en excesos. «El que las hace, las paga», sostuvo, al tiempo que anunció una revisión de los protocolos de actuación y un reforzamiento de la capacitación en materia de seguridad.
Al mismo tiempo, el mandatario denunció que en la protesta dominical participaron «grupos de choque y manifestantes violentos» que, según afirmó, fueron promovidos por sectores de la oposición local.
Respecto a la problemática del agua, adelantó tres acciones. La primera consiste en dejar de utilizar agua de la presa Las Pintas y del sistema antiguo de Chapala. La segunda será concluir el acueducto de desavío de La Calera y la ampliación de la Potabilizadora 1. Finalmente, promoverá un nuevo acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, cuyo financiamiento ya fue enviado al Congreso.
Por otra parte, figuras de Movimiento Ciudadano destacaron la actuación del gobernador jalisciense y la contrastaron con la de autoridades de Morena señaladas por presuntos casos de corrupción o colusión con el crimen organizado. Entre los nombres mencionados se encuentran el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado formalmente de ser cómplice del narcotráfico, y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, a quien Washington retiró la visa por investigaciones en su contra.
